Artículo La carnaza
firmado por el miembro de ETA en la Prisión de Algeciras Iñaki de Juana Chaos sobre la actual oleada represiva del Estado español y la colaboración en ella de la derecha vasca. Publicado en GARA el 21 de enero de 2002.

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Iñaki de Juana Chaos Prisión de Algeciras
La carnaza

El 28 de octubre de 1982 el PSOE ganó las elecciones legislativas y, menos de dos meses después, el 10 de diciembre, se produjo el primer apaleamiento de presos políticos vascos en la prisión de Alcalá-Meco bajo la nueva Administración Penitenciaria. El primero de otros muchos con el Gobierno de Felipe González.

Y no tendría que pasar ni un año para que, el 15 de octubre de 1983, fueran secuestrados, torturados hasta lo inimaginable y ase- sinados los militantes políticos Lasa y Zabala. Las primeras víctimas de una larga cadena de atentados reivindicados con unas nuevas siglas, los GAL, surgidas con el Gobierno del PSOE.

Ni la tortura ni la guerra sucia fue algo novedoso de aquel Gobierno; no fue más que vieja represión con nuevas siglas, herederas, en un ámbito u otro, del Batallón Vasco-Español, la Triple A... el Tribunal de Orden Público, las cárceles franquistas o los organizadores de todo ello. Vieja y nueva represión, siempre permanente, de un Estado fuerte sobre una nación pequeña. Un Estado culpable de que durante los últimos siglos, y digo bien, siglos, siempre haya habido presos políticos vascos en cárceles españolas. Y siempre persecución, exilio, tortura y muerte para quienes no somos españoles ni franceses, sino vascos.

Sin embargo, la gestión del PSOE sí introdujo elementos novedosos en la represión. El GAL no era el Batallón Vasco-Español o similares anteriores. Al primero se le dotó de una organización, una estructura, una financiación, una cobertura político-mediática legitimadora (o al menos justificadora); y todo ello de for- ma estable. Pero lo más novedoso fue que contó con la total implicación del partido en el poder y del ejecutivo gobernante.

Asimismo, la política penitenciaria se convirtió en un arma de primer orden, llegando a dejar de depender del Ministerio de Justicia para convertirse en un departamento de Interior. Al igual que armas de creciente importancia lo fueron el control de los medios de comunicación y la implicación en la guerra de todos los sectores sociales.

No obstante, el gran descubrimiento del PSOE fue la potenciación de todo lo anterior, la utilización del sufrimiento que conlleva a Euskal Herria, con criterios de rentabilidad política para sus intereses en el resto del Estado. La represión como carnaza a los perros de la guerra y a una sociedad atemorizada por cuarenta años de franquismo (pese a millones de viejos antifranquistas de hoy en día, Franco, que no la dictadura, murió en la cama). Carnaza para una sociedad domesticada por la decepción ante la vergonzante transición, cansada por la traición de la llamada izquierda, y ciega, muchas veces voluntariamente, ante tanta mentira.

Se ha hablado mucho sobre la utilización del GAL para presionar al Gobierno francés y obtener su implicación en la lucha contra el independentismo vasco. Colaboración entre gobiernos y policías que, por otra parte, ya existía (y mucha) con anterioridad a aquellas fechas. Por ejemplo, las primeras entregas de Policía a Policía se producen en 1979 con el resultado de siete refugiados entregados, además de otros diecisiete deportados a Valensole. Y, sin embargo, apenas se ha valorado la utilización que el PSOE hizo del GAL para estabilizar la organización del Estado postfranquista.

Desde el 23 de febrero de 1981, parodia de autogolpe de Estado para frenar las expectativas ciudadanas de libertad de los años precedentes, hasta el 28 de octubre de 1982, en que el PSOE se convierte en el nuevo gestor, se sucedieron cinco gobiernos bajo la presidencia de Calvo Sotelo. Gobiernos de transición que se limitaron a subsistir.

El PSOE necesitaba algo que sirviera de auténtica carnaza para los perros de la guerra uniformados de caqui, de verde o de corbata azul. Y ese algo fue, nada más llegar a la Moncloa, la guerra sucia en una nueva dimensión. Así como el aumento de la represión penitenciaria, la dispersión... hasta convertir a ministros como Barrionuevo o Múgica Herzog, todavía hoy, en símbolos de admirado recuerdo para intolerantes de todo pelaje.

La utilización del sufrimiento vasco le fue muy rentable al PSOE y le permitió afrontar reformas militares, policiales, legislativas... siempre con la cortina de humo de la mano dura contra el independentismo. Y cuando se ha encontrado la gallina de los huevos de oro, ¿para qué darle un final? Al contrario, hay que explotarla cada vez más. Y el sufrimiento que comenzó potenciándose para la estabilización del Estado postfranquista ha terminado sirviendo hasta para tapar las grietas de un petrolero. Lo cual tampoco nos ha de extrañar cuando los dueños del mundo declaran guerras para subir algunos puntos de popularidad o para encubrir las manchas de felaciones en el despacho oval.

Ahora el PP cambia el Código Penal y establece la pena de muerte en prisión. El asesinato legalizado, no inmediato sino aplazado, bajo permanente tortura durante cuarenta años. Y que no se encubra con eufemismos. Porque el día a día que vive el colectivo de presos políticos vascos y de otros presos políticos revolucionarios es de permanente vulneración de los más mínimos derechos. Cuarenta años de aislamiento, de malos tratos, de humillaciones, de desasistencia sanitaria, de permanente intervención de comunicaciones y de persecu- ción por un «gran hermano penitenciario» (el equipo psicopático de «seguridad» de una prisión) cuya única misión es observar al preso para intentar destruirlo como persona digna y como independentista demócrata vasco. Cuarenta años, y en nuestras condiciones, es, sin lugar a dudas, la pena de muerte bajo tortura.

Sin embargo, a corto o medio plazo, ¿qué supone esta reforma? Pues a partir de ahora en las prisiones va a haber condenados por tres códigos penales distintos: 1973, 1996 y 2003.

En esta prisión de Algeciras, por ejemplo, está el compañero Jon Bilbao Moro. Lleva 21 años en prisión, siempre y como la mayoría del colectivo de presos políticos, en el régimen de vida más duro. Y según las cuentas que le hace Instituciones Penitenciarias, deberá estar 27 o 28 años entre hierro y hormigón. O, no hace mucho, salió de la cárcel el preso político de los GRAPO Francisco Brotons, después de 25 años. Estos, como otros muchos casos que se van a dar corresponden al código «blando» de 1973. Mientras que los vomitivos tertulianos propagandistas del Ministerio del Interior se quejan de que nadie ha cumplido 30 años de condena. ¡Por supuesto!, porque no ha transcurrido el tiempo necesario desde el blanqueo de imagen de la transición. Pero se cumplirán.

No obstante, precisamente para que no se pudiesen acortar esos 30 años de castigo a la dignidad, el PSOE reformó el Código Penal en 1996 y eliminó las redenciones de pena como derecho, estableciendo unos sistemas para obtener la excarcelación que, con absoluta seguridad, son inaccesibles a los prisioneros políticos: o sea, treinta años efectivos en todos los casos.

Ahora otro código, el de 2003, que en la práctica supone lo mismo que el anterior pero con diez años más. Y con una significativa aportación del PSOE, que ya conoce la necesidad de dejar puertas abiertas a los corruptos, torturadores y asesinos. Una puerta que vende a la sociedad como aportación democrática para garantizar el principio de reinserción y que no es otra cosa que la trampa por la que excarcelarán a todo el que sirva a los intereses de Estado. Porque exigir la delación, la colaboración policial, la traición y renuncia a los principios e ideas... para la excarcelación, el tomar como modelo los comportamientos más repugnantes de la condición humana, sólo puede ser aplicable a ellos mismos. Nadie puede olvidar que con los mismos códigos penales con los que los independentistas demócratas vascos permanecemos décadas en la cárcel, los asesinos, fascistas, torturadores, corruptos... al servicio del Estado, son indultados, o, como mucho, ex- carcelados tras unos meses de «presidio» hotelero.

Los compañeros que ahora fueran condenados con el Código Penal vigente (1996) permanecerían en prisión hasta el año 2033. Los que lo fueran con el reformado lo harían hasta el 2043. Esta es la diferencia que se empezará a notar a mediados de siglo. Por lo que a corto plazo sólo queda, una vez más, el efecto carnaza.

Sin embargo, hay algo que nos debe hacer reflexionar. Y es que la derecha estatal, la política y genéticamente heredera de las suce- sivas dictaduras históricas, manifiesta claramente su voluntad de seguir violentando la voluntad de los vascos, al menos durante otras cuatro décadas, y apuntala los ya muchos obstáculos a cualquier resolución del conflicto. Esto nos debe hacer reflexionar para no pecar de optimismo y no caer en la tentación de optar por estrategias cortoplacistas que sólo pueden ser contraproducentes para el logro de los objetivos ante un poder que jamás ha entendido ni quiere entender de diálogos y acuerdos.

Y en la actual coyuntura, ¿qué hace la derecha vasca? El PNV también utiliza el sufrimiento de una parte de la sociedad vasca con criterios de rentabilidad política. En esta ocasión de forma localista, incluso mezquina, ya sin ser asunto de Estado, para obtener unos exiguos réditos partidistas. Y el PNV, el Gobierno vascongado del PNV y la Policía del PNV continuarán deteniendo, incomunicando, apaleando, torturando y entregando a los independentistas vascos a la Policía y judicatura del Estado para que les aplique la pena de muerte diferida durante cuarenta años. Mientras, hablan de libertad, soberanía y autodeterminación. ¡Qué asco!

Repetiré algo que todos sabemos. Y es que unas décadas de sufrimiento es mucho para la vida de un militante político, pero es un período muy corto para la Historia de Euskal Herria. De esto es consciente cualquier preso político y lo es desde que optó por la rebeldía y no por la sumisión. Y en la globalidad de la lucha por la independencia y la democracia se debe reconocer que ni todos los GAL, ni toda la represión, tortura y muerte, ni todos los códigos penales pasados y presentes, como sucederá con el del futuro, son armas de derrota, sino demostraciones de la verdadera realidad, de la auténtica faz de lo que es su sistema político. Y argumentos de convicción, de reafirmación, para 650 presos políticos, para varios miles de exiliados, para cientos de miles de ciudadanos vascos, para quienes amamos a Euskal Herria. -